Foro de Menores en Aragón

Adjudicaciones provisionales de centros menores

2010-05-21T06:11:00.000-07:00

Ya están publicadas las adjudicaciones provisionales de los concursos de centros de menores.

De la porra que hacíamos en el post anterior, hemos fallado un 50%, habiendo perdido la asociación Marboré la gestión de los centros que tenía (afortunadamente los trabajadores no se verán afectados en su mayoría) ya que eran los únicos que tenían asegurada su continuidad si su entidad perdía el concurso.

Éstos centros han sido adjudicados a Arquitempo, tristemente recordada por su gestión al frente del Centro de Reforma.

Y más sorpresas negativas en la adjudicación, la Residencia Villacampa ha sido concedida (de nuevo, aunque ahora en aparencia legal) a Federico Ozanam. Sin embargo, no entendemos como la cantidad por la que se adjudica (la oferta que presenta la entidad) es 1.760. 698, 33 €. cifra inferior al 10% del presupuesto de licitación (1.976.000,93 €) que según las bases del concurso (Anexo VII), no debería haber sido puntuada.

La cifra de concesión supone un 89,10% del presupuesto (18.000 euros más baja que la más baja permitida). Si es así, ¿porqué se tuvo en cuenta esa oferta económica? ¿no cambia radicalmente el resultado de la adjudicación?

¿Alguien explicará ésto? ¿O la rebaja del salario a los funcionarios ya viene descontado en este concurso? Y otra más ¿A costa de qué, (es retórica, por supuesto) una empresa realiza una oferta tan a la baja respecto a la cantidad presupuestada?

¿Qué apostamos?

2010-05-04T04:58:00.000-07:00

A pocos días para que se resuelva el concurso de adjudicación de los centros de menores de los que hablábamos en el anterior post, nos atrevemos a hacer una apuesta sobre los adjudicatarios:

Lote 1: FAIM.
Lote 2: Marboré.
Lote 3: Marboré.
Lote 4: Federico Ozanam.

¿O alguien cree que habrá sorpresas?

Adjudicaciones en centros de menores en Aragón

2010-04-19T20:58:00.000-07:00

Contrataciones oscuras de la Administración

Desde la Asociación Pro Derechos del Menor Tutelado se alertó hace algo más de un mes a la Consejería de Servicios Sociales y Familia acerca de aspectos detectados en la adjudicación de los distintos contratos públicos para la gestión de los centros de menores en la CCAA poco claros.

Así, de los 17 centros estudiados entre públicos y privados con plazas contratadas por el IASS, en tan sólo uno, el centro de reforma Juslibol, se observó que cumplía con toda la normativa en materia de contratación.

Desde 2004 únicamente 4 centros habían salido a proceso de adjudicación pública, habiéndose procedido a la firma de contratos privados con diversas entidades, sin publicarse ni anuncio de licitación ni de adjudicación en el boletín Oficial de Aragón, para la gestión del resto. De estos 4 centros, 3 ya habían consumido así mismo el periodo de prórroga máximo que recogían las bases del concurso.

Observadas estas cuestiones, uno de los integrantes de APRODEMT solicitó al Director del IASS la invalidez del contrato firmado en 2008 para la gestión de la Residencia Villacampa. La respuesta recibida, ni resuelve sobre el fondo del asunto ni tan siquiera acuerda rechazar la solicitud presentada. Dicha contestación va a ser recurrida primeramente en vía administrativa y, en su caso, en vía judicial.

Reacción del IASS: Convocatoria de concurso públicos.

Apenas unos días después de facilitar la información a la Consejería de Asuntos Sociales y Familia como de presentar dicha solicitud, el IASS reaccionó, en plena Semana Santa y otorgando un plazo de tan sólo 14 días para la presentación de ofertas, convocando concurso público para la gestión educativa de los centros de menores de titularidad pública.

Las actuaciones llevadas a cabo por esta Asociación y la coincidencia en el tiempo con la convocatoria del concurso, no hacen sino confirmar que se quiere tapar cuanto antes una situación irregular.

Además, la adjudicación es para cuatro años, aunque por prórrogas podría llegar hasta ocho. Muy larga la adjudicación, pero para preparar esa documentación sólo se dan 14 días.

Posicionamiento de la Asociación

Desde APRODEMT consideramos que la publicación de estas bases están pensadas únicamente para legitimar unas contrataciones, cuanto menos poco claras, con las mismas entidades que en la actualidad están gestionando los distintos centros de menores.

Así, tanto el plazo brevísimo (y con numerosos días festivos de por medio) para la presentación de ofertas como las cláusulas administrativas que incluye el pliego (haber gestionado centros de menores con presupuesto mayor a 1.500.000 € en los últimos tres años), limitan que la gran mayoría de entidades aragonesas, si exceptuamos a las actuales contratistas, incluso otras que vienen gestionando centros de menores en la CCAA, puedan presentarse a dicho concurso.

La limitación de la competencia entre entidades aragonesas, hace que aquellas que apuestan por modelos diferentes de actuación con el menor, ni tan siquiera puedan presentar su proyecto de actuación, empobreciéndose la actuación con los niños y niñas.

Estudio de los pliegos: Cuestiones laborales.

Preocupan así mismo, cuestiones relativas a la situación laboral de los trabajadores que conforman los actuales equipos educativos. No se ha previsto que pueda subrogarse ni la totalidad de las plantillas, ni el porcentaje habitual del 80 %, excepto para aquellos trabajadores que pertenecen a los centros que viene gestionando la Asociación Marboré. Desde APRODEMT nos preguntamos cuál es la razón, para que en el mismo proceso de adjudicación, se le garantice el puesto de trabajo a los profesionales de una entidad, y no se hace lo mismo para los que trabajan en otras.

Estudio de los pliegos: Cuestiones educativas.

Así mismo la visión que de la educación de menores tiene esta administración y que se desprende de la lectura de los pliegos nos parece muy reduccionista respecto al concepto del menor que tiene: Que se otorgue más puntuación por incidir en la enseñanza del Idioma para los menores extranjeros o para la inserción laboral demuestra una imagen excesivamente utilitarista del menor (que se forme para trabajar y que trabaje o salga del centro) y poco interés en otros aspectos de su persona como la atención psicológica y afectiva de menores que han vivido situaciones muy difíciles en sus hogares, la actuación de equipos multidisciplinares: de psicólogos o trabajadores sociales y no sólo educadores sociales o la nula apuesta por que puedan prolongar estudios en la enseñanza reglada, incluso la universitaria (los pliegos sólo puntúan ofertar talleres sociolaborales, no que los chicos puedan estudiar en el Instituto), lo que facilitaría reducir las diferencias de partida con la que estos niños parten respecto a los que están con sus familias.

Reflexiones poco conexas

2010-02-26T00:38:00.000-08:00

Como terminábamos en el post anterior surgen algunas cuestiones, secundarias aunque a tener en cuenta, que vienen al caso del cierre del Piso Tutelado Romareda pero que abordaremos desde una mayor generalidad. Aunque empezamos por disculparnos ante lo caótico que ha resultado el texto que sigue.

Si el recurso es un centro de titularidad privada, jurídicamente es el propietario quien lo cierra, no la administración. Y como en este caso, al dejar la administración de concertar unas plazas, los responsables de las entidades contratadas no buscan otras formas de obtener recursos que permitan su mantenimiento y prefieren echar el cierre en vez de combatirlo.

Existen entidades (Aldeas Infantiles, recientemente El Refugio con su Casa San José) que buscan medidas alternativas de financiación para no depender exclusivamente de financiación pública. Otras, la mayoría, no. Y si su financiación es 100% pública, ¿porqué escapa del control público la actuación? ¿No es una forma de pervertir el funcionamiento de lo público mediante contratas más baratas, entidades que no protestan nunca con el fin de no perder esa financiación, condiciones laborales inferiores a las de un trabajador dependiente de la administración...etc.?.

Tenemos iniciativa privada que, buscando su beneficio (si bien es legal, la moralidad hay que verla caso a caso) asumen un papel que le correspondería a la administración y se convierten en el instrumento utilizado por ésta para llevar a cabo su política sin que los responsables políticos se manchen las manos. Pensemos en los casos de malos tratos en los centros: La conciencia del político, o mejor dicho, su responsabilidad pública, su gestión y su imagen, de las que viven para obtener votos, queda fuera cuando puede desviar la atención ante un tercero. Y si esa misma actuación sucede en un centro público pues no hay a quien culpar (aunque la extendida y automática frase de casos aislados parece dar una impunidad total).

¿Nos imaginamos el funcionamiento de un hospital en el que por fallos de la dirección muera un paciente? ¿o que se caiga un edificio por estar mal construido?, ¿o no hablemos porque se produzca un asesinato u otra violación del Código Penal?. Nadie habla de casos aislados para restar importancia al suceso. No, el estado intenta resarcir el daño y actúa contra los responsables. En temas de menores no, aquí es mejor hablar de casos aislados y que se pase (cuando lo hay), el chaparrón mediático y si la responsabilidad es para un tercero, pues mejor.

Volviendo a lo que hablábamos: Gran negocio ese que funciona sin riesgo de pérdida y financiado con dinero de todos. Mientras mi único cliente pague, lo mantengo; si se va, cierro. Para que quiero molestarme con otras financiaciones.

Y relacionando ésto mismo con esas entidades que no combaten las decisiones administrativas bajo la amenaza de pérdida de sus contratos, están las actuaciones que como guardadores legales tienen. En este caso, como en otros tantos y por no querer se completamente injustos generalicemos, no se están respetando los derechos de los menores (el del interés superior del menor en la mayoría de veces): ¿Cuántas denuncias de los guardadores legales ha habido a la Fiscalía de Menores por decisiones de la administración lesivas con los derechos de los niños? La aplicación de esos derechos no puede ser una cuestión de negociación nunca (si bien si que se debe agotar la vía de la conversación para resolver cualquier conflicto), por lo que en caso de vulneración el guardador debería actuar con todas las herramientas a su alcance para defenderlo.

La administración vulnera derechos, las entidades que ejercen la guarda lo pasan por alto a cambio de mantener los contratos, en muchas ocasiones los equipos educativos o no tienen los conocimientos jurídicos necesarios, la implicación profesional suficiente o no se atreven a enfrentarse con el sistema por comodidad o miedo a perder su empleo (precario muchas veces a consecuencia de esa privatización a la baja que hablábamos)... ¿Y los niños?...Perverso sistema.

Increíble cierre de un Piso Tutelado

2010-02-24T21:26:00.000-08:00

La errática política de protección de menores en Aragón tiene nuevas víctimas:

El Piso Tutelado Romareda, centro privado cuyo titular es la Fundación Federico Ozanam, cierra sus puertas y 7 menores van a ser "repartidos" por otros centros y recursos a partir de la semana que viene.

Ayer, la entidad comunicó al equipo educativo y a los menores residentes en el centro el cierre del Piso debido a una decisión administrativa del Servicio Provincial de Atención y Protección a la Infancia de Zaragoza.

Dicha decisión, evidentemente, se toma atendiendo al interés de cada menor, a su situación afectiva y emocional, como estrategia para mejorar los procesos educativos y respondiendo a criterios de planificación y previsión administrativa.

El cierre, y dejando la ironía ya a un lado, conlleva la interrupción de los procesos educativos de los menores, alguno de ellos con más de tres años de permanencia en el mismo y estando varios muy próximos a alcanzar la mayoría de edad y por tanto en momentos críticos del proceso. Así mismo, se provoca la separación del grupo en el que, y con muy buenos resultados, conviven; el cambio del guardador legal y la separación de los menores de los principales referentes adultos, sus educadores que conviven diariamente con ellos y con los que tienen unas relaciones de confianza y con mucha fuerza afectiva y emocional (que tal y como están las cosas en algún que otro centro aragonés es muchísimo).

No existe, a la fecha, ningún informe individualizado de ninguno de los menores que recomiende la salida del centro hacia otro recurso, siendo todos los informes realizados favorables de la evolución del proceso educativo, fruto sin duda del excelente nivel profesional del equipo educativo del Piso Tutelado Romareda, reconocido en todo el ámbito de menores, y las dinámicas educativas y de convivencia que han sabido implantar.

A la hora de adoptar la decisión no sólo no ha prevalecido el interés superior del menor (para los despistados superior significa por encima del resto de intereses: el general, el de la administración y el de la entidad contratada), sino que tampoco se ha ejercido el derecho a ser oído que tienen los niños sin haber sido citados previamente (artículo 13 de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón).

¿Y porqué se realiza? Porque la Administración ha decidido que sobran plazas para menores de 15 a 18 años (programa de autonomía) y necesita más para niños de de 6 a 14 años. Y para ello, seguido del cierre, abre otro en las mismas instalaciones, contratando a la misma entidad y con el mismo personal, pero a costa de perjudicar a 7 chavales.

Por supuesto, es una decisión madurada en el tiempo que se ha avisado con una semana de antelación (me vuelve a salir la ironía) y que, entre otras cosas, va a permitir que se abra un centro para población de 6 a 14 años sin que ni siquiera esté elaborado el proyecto educativo de centro (dado que el actual, orientado a la autonomía, lógicamente no puede ser aplicado tal cual). No olvidemos que hace menos de 2 meses se estaban "recolocando" en el propio piso que ahora cierra a menores provenientes del cierre de la Casa San José, por lo que, que esta decisión responde a una acción planificada desde hace tiempo no será más que otra de las mentiras a las que nos empieza a acostumbrar el Servicio de Menores.

Desear mucha suerte y ánimo y mandar besos muy grandes a los chicos, algunos muy afectados tras enterarse, y a los componentes del equipo educativo (que también lo están pasando mal), que seguro que serán capaces de repetir éxito en la tarea de educar a niños más pequeños igual que lo han hecho hasta ahora con los más mayores

Y mañana seguiremos, que hay otras cuestiones paralelas a este asunto que nos mosquean.

Taller de la Red de Apoyo a sin Papeles

2010-02-24T00:28:00.000-08:00

Ayer, la Red de Apoyo a sin Papeles, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Migrantes en Aragón, el Colegio de Abogados y el Seminario Intermigra organizaron en la Facultad de Derecho un taller sobre la reforma de la Ley de Extranjería.

Como ponentes estuvieron el abogado Pascual Aguelo y el Catedrático de Derecho Internacional Público Ángel Chueca.

En relación al tema de los MENA´s precisaron las consecuencias jurídicas de la reforma que, principalmente, afecta a la hora de que la entidad que ostenta la tutela tiene el deber de solicitar la documentación del menor en el momento que constate que no lo puede retornar (esto es, en el momento que le concede la tutela), sin el plazo de 9 meses que marcaba el anterior reglamento. Igualmente recalcaron que la residencia de un menor tutelado es siempre legal (aunque no tenga tarjeta de residencia).

Así mismo, y aunque hay que estudiar cada caso de manera individualizada, la concesión del primer permiso de residencia es por un año (y la del segundo por dos y la siguiente por cinco), por lo que no está ajustado a derecho la concesión de la tarjeta solamente hasta que cumplen los 18 años.

Pongamos un ejemplo: Un menor que llega con 16 años y 5 meses, la entidad debería comenzar la tramitación de su tarjeta en cuanto lo tutela. Esa primera tarjeta caducaría al año (17 y 5 meses), independientemente de cuando se conceda, pues los efectos son desde el momento de la tutela (casos en los que se tramita 6 ó 7 meses después). A la hora de renovar, la siguiente concesión sería por dos años (hasta que tuviera 19 y 5 meses) y no hasta alcanzar la mayoría de edad, renovación en ese caso que se dificulta porque ya tiene que demostrar que tiene medios para ganarse la vida. Muy interesante para los menores que llegan con menos de 17 años, que deberían salir de los centros con la renovación válida para dos años y para los de menos de 15 que sería para cinco.

Abogados presentes en el taller nos recomendaron recurrir todas las concesiones que se hagan que terminen por cumplir los 18 años.

Así mismo, los ponentes culparon a DGA y no a Extranjería de las situaciones de aquellos menores que se quedan sin papeles al salir del sistema de protección.

Primera reclamación de un ex tutelado contra el Gobierno de Aragón

2010-02-15T01:40:00.000-08:00

Bilal E., joven que estuvo tutelado por el Gobierno de Aragón hasta mayo de 2009, ha presentado una reclamación patrimonial ante la Consejería de Servicios Sociales y Familia, paso previo preceptivo a la interposición de demanda civil, por no haber procedido a solicitar su tarjeta de residencia tal y como marca la ley.

El ex tutelado estuvo bajo los servicios de protección durante más de un año residiendo la mayor parte del tiempo en la Residencia Villacampa, centro público del IASS gestionado por la Fundación Federico Ozanam.

Durante todo ese tiempo, los responsables del Servicio de Menores se negaron a tramitar la solicitud de su tarjeta de residencia obviando la obligación legal de hacerlo a los que lleven más de 9 meses tutelado tal y como exige el art. 35.4 de la anterior Ley de Extranjería (en vigor en el momento que se produjeron los hechos) y el vigente art. 62 del Reglamento que desarrolla dicha Ley (R.D. 864/2001).

Obligado a salir del centro al cumplir la mayoría de edad (sin papeles, sin trabajo, sin medios económicos y sin lugar para residir, contraviniendo la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón), al día siguiente fue detenido por la Policía Nacional por carecer de permiso de estancia en España e iniciándose procedimiento preferente de expulsión que cerró la Subdelegación del Gobierno, atendiendo a los hechos, con una multa de 600 €.

El joven, en su reclamación, solicita al Gobierno de Aragón se haga cargo de la cuantía de la multa; pues de haberse atenido a la legalidad el procedimiento, jamás se le hubiesen podido imponer dicha sanción, pues aún en el caso de no haber podido obtener una renovación de la tarjeta de residencia, hubiera dispuesto de 3 meses más antes de poder considerarse su situación administrativa como irregular.

Así mismo, e igualmente asesorados por APRODEMT, otros antiguos menores tutelados con situaciones parecidas están valorando la presentación de reclamaciones similares; habiéndose registrado ya otras 3 solicitudes de acceso a sus correspondientes expedientes con el fin de comprobar si toda la actuación administrativa del Servicio de Menores del IASS se realizó conforme al ordenamiento jurídico y respetando el derecho del menor a ser oído y notificándole por escrito las decisiones sobre ellos adoptadas. En todos los casos, dichas decisiones concluyeron con los chicos, una vez alcanzada la mayoría de edad, en la calle, sin documentación y sin ningún tipo de apoyo para facilitar y alcanzar su integración tal y como exige la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón. Los apoyos a los que se refiere la Ley se gestionan a través del P.E.P. (Programa de Emancipación Personal).

Nace otra asociación contra el Servicio de Menores de Aragón

2010-01-26T05:36:00.000-08:00

Se ha constituido en Zaragoza ANPRODEFA (Asociación Nacional Pro Derechos de la Familia), denunciando al Gobierno de Aragón por la forma en que ha sido retirada la tutela de varios menores.

Se están dirigiendo al Justicia de Aragón, al que el Servicio de Menores ha ignorado hasta en tres ocasiones, y han puesto sus casos en manos de abogados y el Fiscal de Menores.

Con la constitución de esta organización, una más que critica la actuación en materia de menores del IASS, pretenden asesorar y dar apoyo jurídico a las familias afectadas por resoluciones del Servicio de Menores y con el fin de que las personas que se vean obligados a solicitar sus servicios sean tratados con respeto y sin abuso de autoridad.

Podéis leer alguno de los casos que defienden aquí.

Jornadas sobre educación y exclusión social

2010-01-24T06:26:00.000-08:00

ASSI (Acción Social y Sindical Internacionalista) convoca sus V jornadas sobre Educación y exclusión social, que se celebrarán durante el mes de febrero en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza.

De las seis sesiones, dos están destinadas al tema de menores: Serán el Miércoles 17 con el título de Respuestas institucionales a menores excluidos, donde intevendrán Luis Óscar Caballero de Saltando Charcos de Burgos; Javier Baeza de la Parroquia de San Carlos Borromeo en Madrid y Antonio Bernat de la Universidad de Zaragoza.

Una semana más tarde, el miércoles 24 tendrá lugar la mesa titulada La Europa del capital contra los menores inmigrantes, que contará con la participación de Eduardo Romero del Colectivo Cambalache en Oviedo y de Vicenç Galera del Col·lectiu Drari de Barcelona.

Podéis consultar el resto de la programación en la página web de ASSI

Presupuestos

2010-01-04T13:00:00.000-08:00

El día 30 se aprobaron los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010.

En el capítulo de menores, la consignación presupuestaria prevista es de 22.414.545,58 euros (el 6,7% del presupuesto del IASS y el 0,38 del total del Gobierno de Aragón) con la siguiente distribución económica:

- Gastos de personal 3.026.565,00 euros
- Gastos corrientes y bienes y servicios 15.704.710,58 euros
- Transferencias corrientes 3.683.270,00 euros.

El capítulo de personal viene a cubrir los salarios de "los equipos educativos de los centros de internamiento, educadores de calle y técnicos especializados en la atención de menores en protección", que suman un total de 143 trabajadores (de los cuáles sólo hay 8 en Huesca y 4 en Teruel). Éstos, evidentemente, son sólo los del personal directo de la administración pública.

La partida más importante, la que se corresponde con gasto corriente, es la destinada al funcionamiento de los centros, con un total de 90 plazas públicas y 203 plazas concertadas, llamando la atención que hay 4 que se conciertan fuera de Aragón. En 2008, según el Defensor del Pueblo, 6 fueron contradas en el centro terapeútico "Dulce Nombre de María" (en Málaga), de actualidad porque es uno de los centros denunciados por el reciente informe de Amnistía Internacional.

Este capítulo cubre otras cuestiones como remuneración a familias de acogimiento temporal oprogramas de solicitantes de adopción.

La última partida corresponde a transferencias a entidades sin ánimo de lucro, ayudas de emergencia o ayudas de integración familiar.

Un presupuesto no es sino la plasmación económica de la importancia que un gobierno da a los diferentes temas que tiene que gestionar. Y la valoración del mismo no puede ser positiva: Primero porque una gran parte de ese presupuesto no lo gestiona directamente el IASS, sino que se deja en manos de la iniciativa privada, segundo, porque no prevé ninguna ampliación de recursos y tercero, porque con un mínimo esfuerzo más se podrían conseguir muchas más cosas.

Así, con un incremento de "sólo" 6 millones de euros (un 0,1% del presupuesto de la CCAA), se podría doblar el número de trabajadores (por ejemplo educadores familiares, lo que conllevaría una reducción del número de menores que luego entrarían en centros), se podría incrementar el número de plazas públicas (reduciendo las privadas) y se podría atender a todos los menores que alcanzan la mayoría de edad.

IU pregunta en las Cortes por el funcionamiento de menores

2009-12-23T17:57:00.000-08:00

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, haciéndose eco de las denuncias presentadas tanto por ASAPA como por APRODEMT, ha formulado dos preguntas a la Consejera de Servicios Sociales y Familia en relación al funcionamiento del Servicio de Menores.

La primera de ellas es acerca del número de Programas de Emancipación solicitados, concedidos y denegados y los criterios de solicitud y concesión de los mismos, preguntando además, si el acto administrativo por el que se conceden o deniegan se realiza de acuerdo al procedimiento establecido (respetándose el derecho del menor a ser oído en el proceso y ejerciéndose la notificación escrita).

La segunda es por el incumplimiento del seguimiento de los menores que abandonan los centros y por la no realización de los trámites de renovación de los permisos de residencia mientras los afectados aún son menores.

A ésto se une la petición realizada hace aproximadamente un mes de documentos relacionados con la Fundación Federico Ozanam y su gestión de la Residencia Villacampa y otros centros de menores por la que fue sancionada por la Inspección de Trabajo.

A la espera de la contestación por escrito de la Consejera, no cabe sino felicitar a IU por llevar al debate político este tipo de asuntos, especialmente a su Diputado, Alfonso Barrena, y a la Coordinadora del Grupo Patricia Luquin.

Un padre clama contra los centros de protección

2009-12-22T04:22:00.000-08:00

Escalofriante el relato del padre de uno de los menores protagonistas del informe de Amnistía Internacional que publica el Diario de Cádiz.

Diario de Cádiz 20-12-09

Advierte varias veces que quiere borrar página. Él y su hijo. Que los tres meses que el niño pasó en un centro de protección de menores en Cádiz, han sido los peores de su vida. De la suya y de la de su hijo. Un calvario del que actualmente, un año después, a los dos les sigue pasando factura. "Mi hijo llora mucho todavía. De rabia y de dolor. Y yo sufro mucho viéndolo a él". Deja claro que con su testimonio lo único que quiere es concienciar a la opinión pública sobre el sistema de tutela que tiene establecido la Junta de Andalucía para los menores acogidos a protección. Una tutela que, a su juicio, no ejercen como debieran, dejando en manos de entidades la gestión de unas instalaciones en las que, asegura ha comprobado él mismo, se incumplen derechos fundamentales de los niños. "Tu encierras a tu hijo en una habitación quince días y lo medicas. No lo llevas al colegio, sólo le abres la puerta para darle la comida y para que haga sus necesidades, pero a horas concretas. ¿Y el fiscal que hace?". No espera la respuesta. Se contesta él solo: "Te quita la custodia. Pues incomprensiblemente, hoy en día se mete a un niño en protección, se aplican técnicas prohibidas y no pasa nada". Y suelta la bomba: "Son Guantánamos en chiquitito". Su dura afirmación cobra sentido al saber quién es. Francisco Javier, así se llama él, es el padre del niño cuyo dramático ultimátum en una carta dirigida a su madre, "Si vuelvo, me mato", ha titulado el informe que acaba de hacer público Amnistía Internacional, en el que se denuncian abusos y hasta agresiones en los centros de menores de toda España, que ha levantado ampollas. Accede a la entrevista para contar su experiencia para remover las conciencias de todos pero rehusa las fotos. A cambio, ofrece para ilustrar la información un dibujo, una viñeta con la que su hijo terminó una de las cartas que le mandó desde el centro y que pone los vellos de punta. No hace falta ser psicólogo para caer en la cuenta que los monigotes que el menor (tenía 15 años cuando estuvo internado en el centro, del que escapó a los tres meses) trazó en la misiva rezuman desesperación. Una dramática carrera contra el reloj, esperando que suenen las sirenas para volvérselo a llevar (la Policía lo llevó al centro), que termina con la derrota irreversible, con la muerte por suicidio. "Tengo miedo, sácame de aquí", le decía en otra carta. En persona le costó Dios y ayuda que se lo pudiera decir: "En tres meses, sólo lo vi tres veces, 10 minutos cada vez", recuerda con amargura Francisco Javier.

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Formación para la acción social con menores

2009-12-21T12:08:00.000-08:00

La Coordinación Estatal en Defensa de los Niños y Niñas organiza en seis ciudades diferentes el IV Curso de Formación Política para la acción social con menores.

Será entre los meses de febrero y mayo de 2010.

Más información, en la web Con los Niños No se Juega.

El tríptico informativo lo podéis descargar de aquí.

ASAPA denuncia al Fiscal violación de derechos de MENA´s

2009-12-18T01:06:00.000-08:00

ASAPA (Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón), a través de su grupo de menores, ha puesto en conocimiento del Fiscal de Menores el reiterado incumplimiento por parte del Servicio de Menores dependiente del IASS, de derechos y garantías legales de los menores extranjeros no acompañados.

La denuncia se basa, por un lado, en no cumplir el reglamento de extranjería en cuanto a la documentación de menores una vez pasados 9 meses desde la asunción de la tutela por parte de la administración y por no iniciar los trámites para la renovación dos meses antes de su caducidad.

De igual manera, el incumplimiento de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón cuando señala que al menor que salga de un centro se le hará un seguimiento de un año y se le darán los apoyos técnicos y económicos que precisen.

Y por último, numerosas irregularidades en la tramitación administrativa cuando se deniegan esos apoyos que marca la Ley aragonesa, pues se realiza sin respetar el derecho del menor a ser oído y se le deja en un estado de indefensión pues no se practica ningún tipo de notificación por lo que esa decisión administrativa no puede ser recurrida conforme a derecho.

Desde APRODEMT, felicitar a los compañeros de ASAPA por su iniciativa, que abre una nueva vía para el cumplimiento efectivo de los derechos de los menores y ofrece interesantes pistas para la reclamación (tanto administrativa como judicial) de los menores afectados por estas prácticas. Es intención de nuestra asociación orientar jurídicamente y ayudar a los afectados para que puedan practicar dichas reclamaciones.

Ilegales al cumplir los 18

2009-12-16T01:04:00.000-08:00

El País de hoy se hace eco de uno de los principales problemas de los sistemas de protección en España y que ya hemos denunciado anteriormente

Fuente: El País. 16 Diciembre 2009

Abandonan su aldea siendo niños, con el peso de la deuda contraída por sus padres para pagar su viaje y la promesa de enviar dinero a casa. Una vez aquí, descubren que en España, la educación es obligatoria. Como devolver a un chaval a los padres que le han enviado a jugarse la vida en un cayuco resulta difícil, la mayoría se queda -de los 995 expedientes de repatriación de menores del año pasado se llevaron a cabo diez y sólo uno de ellos era subsahariano-. Las comunidades autónomas se convierten en sus tutoras. La administración invierte mucho dinero en acogerles y formarles. Pero cuando cumplen los 18 muchos se convierten en inmigrantes irregulares camino de un expediente de expulsión. ¿La causa? Que las Administraciones incumplen e interpretan de manera arbitraria la ley que les obliga a documentarles mientras son menores. Cumplen 18 sin haber tenido papeles.

"Éste es uno de nuestros caballos de batalla con las autoridades", explica María Luisa Cava de Llano, adjunta primera a la oficina del Defensor del Pueblo. "No es sólo un problema de diversidad de criterios sino de renuncia a asumir lo que con arreglo a la legislación es muy claro. La mayoría de las veces no se tiene claro que sobre la condición de extranjero ha de primar la condición de menor". Para Cava de Llano, la legislación es "inequívoca" y si no se aplica es por "cuestiones de oportunidad o conveniencia".
La fiscalía de sala de menores y la de extranjería se vieron obligadas a enviar un oficio a todos los fiscales de España para que instasen a las comunidades (las tutoras) a que a su vez, instasen a las subdelegaciones del Gobierno (las que conceden las tarjetas de residencia) a documentar a los menores sin esperar si quiera el plazo de nueve meses previsto en el reglamento. Siguen sin hacerlo.
Lee el artículo completo

Si vuelvo me mato: Amnistía Internacional denuncia la situación de los centros de menores

2009-12-15T11:58:00.000-08:00

Fuente: Amnistía Internacional.15 de Diciembre de 2009

Menores que ingresan en centros de protección terapéuticos, bajo la protección y el cuidado de la Administración española, pueden ser víctimas de abusos sexuales, malos tratos o tratamiento cruel y degradante, pueden ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin la debida diligencia y en contra de su voluntad. Estos abusos contra los derechos humanos de estos menores quedan en la mayoría de los casos invisibilizados e impunes, ya que no se realizan investigaciones imparciales e independientes. Los menores, además, son invisibles para la Administración. Estas son algunas de las conclusiones del informe, Si vuelvo, ¡me mato! Menores en centros de protección terapéuticos que Amnistía Internacional ha presentado hoy, 15 de diciembre.

“Menores que ingresan en estos centros están totalmente indefensos y son extremadamente vulnerables. Primero, porque nadie sabe cuántos son, y nadie sabe cuántos centros de protección terapéuticos existen. Segundo, porque tanto la Administración como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo investigaciones independientes de organizaciones que defienden los derechos humanos, e incluso de instituciones como el Defensor del Pueblo”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional ha realizado una investigación sobre la situación de los menores en centros de protección terapéuticos en tres comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña y Madrid. Entre las tres comunidades concentran el 55% de los centros que existen en España, según datos del Informe del Defensor del Pueblo, 2009. Amnistía Internacional ha documentado cómo en España en algunos centros de protección terapéuticos se vulneran normas fundamentales como el interés superior del menor, su derecho a ser escuchado y no discriminado de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por este país el 30 de noviembre de 1990, así como otras normas internacionales, entre ellas las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, e incluso, la Convención Contra la Tortura y otras formas de Castigo y Penas Crueles, inhumanas o degradantes.

Puedes leer la información completa en la web de Amnistía Internacional, descargarte el informe o participar en la ciberacción que han preparado.

Ya está en vigor la nueva ley de extranjería

2009-12-14T03:11:00.000-08:00

Ayer domingo entró en vigor la reforma de la Ley de Extranjería, de la que hablábamos el otro día.

Ponemos un enlace a la noticia que daba Público, que viene a resumir las principales novedades que introduce.

En el apartado de menores, la propia noticia hace mención a la introducción de la potestad de las Comunidades Autónomas de ceder la tutela a entidades privadas (y no sólo ONG's o entidades sin ánimo de lucro, sino también a empresas), cuestión que nos parece una auténtica barbaridad ya que perpetúa el negocio que supone la protección y reforma de menores, perjudica el seguimiento del menor, difumina la responsabilidad de la administración en un asunto tan importante y debilita al sistema público en general.

Reforma de la Ley de Extranjería y MENA´s

2009-12-10T08:55:00.000-08:00

Este 7 de Diciembre publicaba el Diario Oficial de las Cortes la reforma del proyecto de la la Ley de Extranjería que aprobó definitivamente el Congreso de los Diputados en noviembre.

Al margen de valoraciones sobre el texto completo, destaca que da un mayor tratamiento a los menores no acompañados respecto al texto anterior. De hecho, en el nuevo, el artículo 35 se títula "menores no acompañados" y consta de 12 puntos, mientras que en el anterior, de tan solo 5, se llamaba "residencia de menores".

Esta primera modificación parece positiva ya que asume una realidad que no parece tan clara con el texto del 2004.

El primer punto nos habla de acuerdos de colaboración con otros estados para el retorno de los menores no acompañados y lo liga a la prevención de la inmigración irregular y la protección del menor. Hasta que esos acuerdos no estén concretados, es difícil poder medir el alcance real de los mismos, pero en todo caso, ya parece manifestar una opción preferente de retorno a los países de origen.

El segundo permite acuerdos entre las CCAA y los estados de procedencia para atender a los menores en "su entorno". Nos parece un artículo muy peligroso en cuanto parece dejar una libertad muy grande de actuación a esas (especialmente a "algunas") CCAA para establecer centros de menores en terceros países. Si la actuación de los centros que están en territorio español no es clara, el control sobre los que estén fuera será todavía menor y habrá que estar muy atentos para evitar vulneraciones de los Derechos Humanos.

Los puntos 3 y 4 son reproducción de los dos primeros del anterior texto. No aportan nada nuevo.

El punto quinto sí modifica sustancialmente el procedimiento de la permanencia en el país.. Anteriormente bastaba un informe de protección de menores para resolver, mientras que ahora el procedimiento es mucho más largo: Lo primero un informe, elaborado por la representación diplomática del país correspondiente, sobre las circunstancias familiares del menor, algo bastante complicado de cumplir.

Aspecto positivo la segunda parte del articulado, ya que exige respetarse el derecho del menor a ser oído en el procedimiento y añade el informe del Fiscal al que ya tenía que hacer el servicio de protección (lo que en principio indica más garantías para el menor).

Pero la parte final del mismo es un retroceso respecto a lo que establece el Reglamento aún vigente, pues mientras ésta sólo dice que se producirá la repatriación mediante reagrupación familiar o si el servicio de protección del país de origen tiene las condiciones necesarias; aquel es mucho más garantista con el respeto a los derechos del menor para dejar que se produzca dicha repatriación.

Positivo parece el punto seis también, ya que otorga expresamente al mayor de 16 años capacidad par actuar tanto en el orden administrativo como en el jurisdiccional. Así mismo, la voluntad del menor de 16 contraria a lo que indique su servicio de protección, obligará a que actúe un defensor judicial que lo represente.

Significativo, salvo que el posterior reglamento lo limite, es el punto 7. Según él, se procederá a solicitar la autorización de residencia (siendo responsable la entidad de protección de hacerlo) en cuanto se demuestre la imposibilidad de retorno. Es una novedad importante y bastante positiva respecto a la normativa actual, que reglamentariamente, establece que se producirá a los nueve meses de estar tutelado. Mayor garantía para el menor, mayor rapidez para comenzar a gestionar su documentación y evita dejar en el limbo situaciones como las de esos chavales que llegan con 17 años y medio y que parece no querer hacerse cargo nadie de ellos.

Otra novedad de primeras positiva la introduce el punto 9, ya que, aunque su efectividad se desarrollará en el posterior reglamento, viene a reconocer una carencia de las normas vigentes hasta ahora y es la de las renovaciones de la documentación al alcanzar la mayoría de edad. Situación que provoca muchos problemas a estos jóvenes como ven pasar de un día a otro de estar protegidos por la administración a estar con un permiso caducado.

Sin embargo, parece que será una cuestión ligada a criterios del proceso del menor (esfuerzo en la integración??, continuidad formativa o acceso al mercado laboral). El final de dicho punto también es algo confuso (incluso contradictorio con lo anterior) y parece orientar los procesos educativos hacia la consecución de un empleo (reduciendo a la persona migrante a sujeto productivo).

El punto 11, si bien muestra una tendencia real del funcionamiento de las administraciones, consagra la entrada de entidades privadas en el funcionamiento ordinario de las políticas de protección de menores, yendo incluso mucho más lejos, ya que permite no sólo la gestión de centros o el trabajo educativo con éstos menores, sino que asuman la tutela de los mismos. En caso de desarrollarse, estamos ante una privatización de los derechos civiles, lo que es uno de los aspectos más negativos de todo el articulado.

Finalmente, el punto 12 está redactado de una forma muy deficiente: "Las CCAA podrán firmar acuerdos con las CCAA donde se encuentren menores no acompañados???". Imaginamos que responde a un intento de reflejar los problemas de masificación de determinadas comunidades, pero a priori tampoco aporta soluciones ya que la deja abierta a la voluntad de las CCAA.

En resumen, hay novedades positivas, especialmente porque trata el tema desde una perspectiva de la realidad existente y se reflejan problemas reales. Vía futuro reglamento de desarrollo podrá mejorarse mucho el texto si se consolida el otorgar documentación de una manera mucho más rápida que la actual (que baste la tutela para acceder a la misma sin exigir un tiempo de estancia mínimo, lo que ayudaría a que los menores no vayan de comunidad en comunidad a ver en cual es más fácil obtener papeles) y se resuelve el problema de las renovaciones al alcanzar la mayoría de edad (vía renovación automática hasta los 19 años podría ser una solución, no pareciendo mal que fuese ligada a un seguimiento real de las entidades protectoras de cara a culminar procesos, aunque no sólo desde lo laboral).

Sin embargo también hay cuestiones bastante negativas: Debería salvaguardar la norma las mayores garantías posibles a los derechos del menor ante una posible repatriación y, especialmente, al permitir a las CCAA un margen de actuación con menor control vía privatizaciones (muy grave que la tutela pueda ir ligada a un contrato administrativo con una entidad privada, lo que vendría a equivaler a que tu padre es tu padre mientras le seas rentable económicamente) y/o actuaciones en otros países, debilita un sistema que debería ser público en su totalidad.

Se confirma el cierre de Casa San José

2009-12-04T02:18:00.000-08:00

Y ya se ha comenzado, de manera progresiva, a "recolocar" a los menores afectados en otros centros. Parece ser que se próximamente abre, así mismo, el otro edificio del Juan de Lanuza, que gestionará la Asociación Marboré (lo que se llevaba rumoreando desde que se trasladaron los COAS a las instalaciones de la Residencia Cesaraugusta).

Aunque esta informaciones están confirmadas por los hechos y es conocida en el sector, es de destacar el silencio oficial del Servicio de Menores ante el plantón dado por la Hermandad del Refugio.

El Director del IASS niega la realidad

2009-10-28T18:22:00.000-07:00

En la comparecencia del Director del IASS, Juan Carlos Castro, en las Cortes para informar sobre la política de menores del Gobierno de Aragón, éste ha negado rotundante que haya menores tutelados que al cumplir la mayoría de edad sean "abandonados".

¿El Director del IASS "no sabe de dónde sale esta idea"? Ni más ni menos de la realidad diaria de los centros de los que es responsable.

El ajuste en el presupuesto del Departamento de Menores ha hecho que sí que haya muchos menores, en su mayoría extranjeros, que el día que cumplen 18 años se les echa directamente a la calle sin, por supuesto, ninguna ayuda ni ningún tipo de seguimiento.

Al principio se quedaron sin ningún tipo de los apoyos que recoge el P.E.P (Programa de Emancipación Personal) aquellos menores que habían tenido en cualquier momento de su proceso, un expediente abierto en Fiscalía de Menores, dando igual como hubiera evolucionado el proceso del caso ni que se hubiera cumplido con la medida impuesta. Así, se quedaron sin poder acceder a ayudas jóvenes que hacía dos años que habían cometido algún hecho y que tenían más que cumplida la medida que se les había marcado (medidas que no olvidemos, son en teoría, educativas).

Por razones similares, incluso se llegó a expulsar de algún recurso a jóvenes que ya lo tenían concedido y que estaban disfrutando de él.

Pero también se está dejando sin apoyos a otros menores que no han tenido sanción alguna de jueces o fiscales, bien por decisiones del coordinador de caso correspondiente, bien a sugerencia de los equipos educativos (o de las coordinaciones o direcciones de los centros).

La situación se agrava, más incluso, en los casos que los afectados son de origen extranjero y no tienen una red de apoyo familiar. Además en el contexto económico actual y con las deficiencias formativas, laborales y de idioma que la mayor parte de estos chavales tienen, se les está condenando a una situación administrativa irregular ya que si tienen permiso de residencia les caduca al cumplir los 18 años, dándose incluso situaciones de compras de ofertas de trabajo (falsas) para renovar esos permisos.

Así, por ejemplo, el caso de B. N., de la Residencia Villacampa gestionada por Ozanam: Tras más de un año tutelado, sale del centro el día que alcanza la mayoría de edad, sin ningún tipo de apoyo y sin que la administración le haya tramitado su permiso de residencia cuando la L.O. 8/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, garantiza la obtención de ese permiso (art. 35) y el reglamento que la desarrolla limita en 9 meses desde que se produce la tutela hasta la tramitación de dicho permiso. Al día siguiente de dejar el centro, es identificado por la policía y detenido por carecer de documentación, iniciándose proceso preferente de expulsión que finalizó con multa de 600 €.

Pero casos como el suyo son cada vez más frecuente, y por ello, los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista, preguntaron a Juan Carlos Castro al respecto, de lo cual nos felicitamos ya que es motivo de enorme preocupación entre algunos de los profesionales del sector y de prácticamente todos los menores tutelados que no saben ni donde van a dormir al día siguiente de abandonar el recurso.

¿Cierra la Casa San José?

2009-10-28T16:36:00.001-07:00

Según denunció en las Cortes de Aragón la Diputada del PP, Pilar Fierro, el polémico centro de menores "Casa San José" podría cerrar sus puertas.

Según Fierro, el precio plaza asignado es insuficiente para poder cubrir los gastos de la institución.

Hasta 13 menores podrían perder su centro de residencia, a lo que el Director Gerente del IASS, Juan Carlos Castro, dijo que, pese a "no tener constancia de este problema" habría una solución adecuada, añadiendo que "las entidades conocen perfectamente cual es el precio que se paga, que son precios públicos e iguales para todas las entidades".

Casa San José es un centro dependiente de la Hermandad del Santo Refugio. Tras su apertura fue objeto de denuncias por parte de ASAPA, CGT y el Colegio de Educadores de Aragón de las que se hizo eco el Justicia de Aragón y por las que CHA preguntó a la Consejera de Acción Social. Las mismas hacían referencia a su deficiente proyecto educativo y la falta de recursos tanto humanos, técnicos y materiales, afectando a la calidad del servicio y a las condiciones laborales de los educadores que allí trabajaban.

El posible cierre de este centro, y a expensas de saber qué pueda pasar tanto con los menores que allí residen como con el personal contratado, es una buena noticia por lo que supone. Primero por ser el único centro de más de 8 plazas que no cuenta con dirección pública (y a priori menor supervisión) y segundo porque es un claro ejemplo de la ineficacia de este tipo de entidades para asumir proyectos que deberían ser enteramente públicos. Recordemos que la Hermanda del Refugio llegó a pedir en la prensa local donativos para atender a esos menores tutelados que tenía a su cargo.

Paliza a un interno en un centro extremeño

2009-10-28T16:25:00.000-07:00

Hoy.es 28 de Octubre de 2009

La Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura ha puesto en conocimento de la Fiscalía y del Juzgado los hechos denunciados por un interno del centro de reforma de menores Marcelo Nessi de Badajoz que ha denunciado una supuesta agresión cometida por personal de seguridad del centro.

Una fuente anónima comunicó a HOY que la denuncia fue presentada después de que los familiares del joven, que tiene 18 años y cumple una condena derivada de delitos cometidos cuando era menor de edad, tuvieran conocimiento de la supuesta agresión cometida en uno de los módulos del centro de internamiento.

Desde la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de Extremadura tan sólo se ha confirmado que los hechos trasladados a la Fiscalía hacen referencia a la «reducción de un chaval mayor de edad utilizando medidas legales».

En esa reducción por la fuerza al menos intervino un vigilante de seguridad perteneciente a la empresa privada contratada por la Junta de Extremadura para garantizar la seguridad en el interior del centro.

Desde la Consejería de Igualdad y Empleo se aclara que, tras la denuncia presentada por el interno, los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía y del Juzgado para que se aclare lo sucedido, un proceso en el que podrían ser claves las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad.

Pendiente

Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida y la Junta está pendiente del resultado de la investigación judicial que se pueda llevar a cabo.

Desde la Junta se ha dejado claro que en la reducción del interno «se usaron medidas legales» pero que, en aras a lograr la máxima transparencia, se han puesto los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales.

La madre del joven agredido en el Marcelo Nessi no creía a su hijo hasta que ha visto las imágenes de la paliza propinada por cuatro vigilantes, que HOY.es publicaba hoy en exclusiva. Los padres han asegurado que no es la primera vez que ocurre, incluso que fueron "amenazados por el anterior director del centro". La madre ha relatado después de los hechos su hijo se encuentra bajo tratamiento psiquátrico.

¿Qué ocurrió el 28 de julio en la unidad de contención del Marcelo Nessi?

Ésa es la pregunta que se hacen los padres de un joven de 19 años ingresado desde hace más de un año en el único centro de reforma para menores delincuentes existente en la región. Según les contó el interno, que cumple pena por delitos cometidos cuando no había cumplido los 18, varios vigilantes de seguridad le propinaron aquella mañana una paliza brutal; según dijo la Junta de Extremadura tres semanas después, esos guardias jurados se limitaron a reducirlo utilizando «medidas legales».

Las versiones de las partes resultan contradictorias, pero el caso podría entrar en una nueva fase después de conocerse el contenido parcial de la grabación realizada por la cámara de seguridad instalada en la unidad de contención del centro. Un vídeo en poder de HOY muestra con bastante claridad una secuencia de los hechos.

En la primera parte se observa a cuatro vigilantes de seguridad rodeando a un interno. Tres lo sujetan mientras uno de ellos le propina varios golpes con su defensa reglamentaria (porra). En el segundo se ve al interno sentado en la cama, esposado. En esa situación, un trabajador de seguridad lanza su mano con fuerza contra su mejilla izquierda.

La grabación termina ahí y podría ser fundamental en la instrucción de la denuncia presentada por el interno. De su contenido se supo a través de un informante anónimo a mediados de agosto, pero ha sido ahora cuando los padres del denunciante han confirmado que no era la primera vez que le pegaban. «Nosotros fuimos a verlo el domingo siguiente y tenía las piernas y uno de los brazos llenos de negrales. La pierna izquierda estaba completamente amoratada», asegura Ceferino Vázquez, el padre, antes de ofrecer más detalles. «Nos dijo que lo mandaron al cuarto, pero nuestro hijo se negó. Entonces lo redujeron entre dos o tres vigilantes, lo engrilletaron de pies y manos, y allí se hincharon de pegarle».

Visi Guerrero, la madre del joven, certifica que también lo golpearon en el rostro. «Mamá, me pegó por la cara -nos contó-. Me quedó toda la cara señalada. Y no paraba de insultarme, que si tu puta madre, que si maricona...».

Alarmados por lo que estaban escuchando, pensaron que debían presentar la denuncia ellos mismos, pero el joven les comentó que tenía previsto hacerlo directamente. En cualquier caso, ambos se dirigieron a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde les informaron de sólo se podía hacer una denuncia. En ese momento desistieron.

Días después, HOY tuvo conocimiento de la presentación de esa denuncia y se dirigió a la Junta de Extremadura para saber qué había sucedido. La respuesta no se hizo esperar y la Consejería de Igualdad y Empleo, responsable del centro de menores, confirmó que ya había puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía y del Juzgado.

La Junta reconoció entonces que no había tomado ninguna medida y que estaba pendiente del resultado de la investigación judicial que se pudiera llevar a cabo. Sí dejó claro que en la reducción del interno «se usaron medidas legales» y que, con el fin de lograr la máxima transparencia, había trasladado los hechos al juzgado competente.

Desde entonces, Ceferino y Visi no han tenido noticias de la evolución del proceso. Tan sólo disponen de la información que les facilitó el director del centro cuando se dirigieron a él para pedirle explicaciones. «En unas cosas estaba de acuerdo y en otras no. Decía que sí, que allí se podía hacer eso, que no había sido una paliza, que lo habían reducido».

Diametralmente opuesta es la opinión del interno y de sus padres. Los tres están convencidos de que lo sucedido en el Marcelo Nessi no es admisible y piden que se investigue lo ocurrido para que no vuelva a repetirse. «Los educadores del centro son muy buenos y el psiquiatra también. El verdadero problema está en los guardias, que son unos indígenas».

A pesar de la acusación, admiten que entre la plantilla de 30 vigilantes que se encarga de controlar la seguridad en el Marcelo Nessi también hay profesionales respetables. «Eso no lo hacen en la cárcel», asegura un hermano del interno.

Aragón comienza a elaborar un plan integral para menores

2009-10-28T13:30:00.000-07:00

El Periódico de Aragón. 28 de Octubre de 2009

El Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón ha comenzado a elaborar el Plan Integral de Atención a la Infancia y la Adolescencia 2010-2014, que será el documento básico para coordinar las actuaciones que se desarrollen con menores en la comunidad.

Representantes de la consejería se reunieron ayer con los profesionales que trabajan en el ámbito de la protección a la infancia para comunicarles el proceso que se ha iniciado para elaborar este plan, que constituirá el documento básico para planificar, ordenar y coordinar los recursos, objetivos y actuaciones que se desarrollarán en Aragón.

Además, este documento vinculará a todas las administraciones públicas e instituciones privadas.

Tanto la Ley de la Infancia y la Adolescencia de Aragón como la Ley de Servicios Sociales establecen el marco normativo sobre el que se desarrollará el documento, informó el Gobierno aragonés en un comunicado.

En la presentación de la jornada de trabajo, la consejera Ana Fernández explicó que las líneas estratégicas para orientar y estructurar la intervención en la infancia se consensuarán y además se determinará la forma de mejorar de manera continuada los sistemas de atención a los menores.

MÁS DE CIEN TÉCNICOS La cita reunió a un centenar de técnicos y profesionales que trabajan directamente con menores. También estuvo en la reunión el director general de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, así como otros representantes de esta dirección, que se ha encargado de desarrollar este proceso.

Los ámbitos de actuación en los que se desarrollará el plan serán los de promoción de los derechos de la infancia, la prevención, la protección y el menor en conflicto social. También se tendrán en cuenta aspectos transversales como el territorio, la inmigración, el género, la discapacidad o la calidad.

La elaboración del documento pasará por una primera fase de diagnóstico en la que se analizará la situación actual de la infancia aragonesa mediante un análisis sociodemográfico. En la segunda fase, se evaluarán los posibles escenarios de futuro y se establecerán los objetivos de calidad y los papeles de responsabilidad.

Por otro lado, el número de menores de edad residentes en Aragón que fueron procesados por la presunta comisión de delitos descendió en 2008 respecto a 2007, según indicó ayer el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Juan Carlos Castro, que compareció ante la Comisión de Servicios Sociales de las Cortes autónomas. En el 2008 hubo 1.132 arrestos frente a los 1.256 que se registraron el año anterior.