Reflexiones poco conexas

Como terminábamos en el post anterior surgen algunas cuestiones, secundarias aunque a tener en cuenta, que vienen al caso del cierre del Piso Tutelado Romareda pero que abordaremos desde una mayor generalidad. Aunque empezamos por disculparnos ante lo caótico que ha resultado el texto que sigue.

Si el recurso es un centro de titularidad privada, jurídicamente es el propietario quien lo cierra, no la administración. Y como en este caso, al dejar la administración de concertar unas plazas, los responsables de las entidades contratadas no buscan otras formas de obtener recursos que permitan su mantenimiento y prefieren echar el cierre en vez de combatirlo.

Existen entidades (Aldeas Infantiles, recientemente El Refugio con su Casa San José) que buscan medidas alternativas de financiación para no depender exclusivamente de financiación pública. Otras, la mayoría, no. Y si su financiación es 100% pública, ¿porqué escapa del control público la actuación? ¿No es una forma de pervertir el funcionamiento de lo público mediante contratas más baratas, entidades que no protestan nunca con el fin de no perder esa financiación, condiciones laborales inferiores a las de un trabajador dependiente de la administración...etc.?.

Tenemos iniciativa privada que, buscando su beneficio (si bien es legal, la moralidad hay que verla caso a caso) asumen un papel que le correspondería a la administración y se convierten en el instrumento utilizado por ésta para llevar a cabo su política sin que los responsables políticos se manchen las manos. Pensemos en los casos de malos tratos en los centros: La conciencia del político, o mejor dicho, su responsabilidad pública, su gestión y su imagen, de las que viven para obtener votos, queda fuera cuando puede desviar la atención ante un tercero. Y si esa misma actuación sucede en un centro público pues no hay a quien culpar (aunque la extendida y automática frase de casos aislados parece dar una impunidad total).

¿Nos imaginamos el funcionamiento de un hospital en el que por fallos de la dirección muera un paciente? ¿o que se caiga un edificio por estar mal construido?, ¿o no hablemos porque se produzca un asesinato u otra violación del Código Penal?. Nadie habla de casos aislados para restar importancia al suceso. No, el estado intenta resarcir el daño y actúa contra los responsables. En temas de menores no, aquí es mejor hablar de casos aislados y que se pase (cuando lo hay), el chaparrón mediático y si la responsabilidad es para un tercero, pues mejor.

Volviendo a lo que hablábamos: Gran negocio ese que funciona sin riesgo de pérdida y financiado con dinero de todos. Mientras mi único cliente pague, lo mantengo; si se va, cierro. Para que quiero molestarme con otras financiaciones.

Y relacionando ésto mismo con esas entidades que no combaten las decisiones administrativas bajo la amenaza de pérdida de sus contratos, están las actuaciones que como guardadores legales tienen. En este caso, como en otros tantos y por no querer se completamente injustos generalicemos, no se están respetando los derechos de los menores (el del interés superior del menor en la mayoría de veces): ¿Cuántas denuncias de los guardadores legales ha habido a la Fiscalía de Menores por decisiones de la administración lesivas con los derechos de los niños? La aplicación de esos derechos no puede ser una cuestión de negociación nunca (si bien si que se debe agotar la vía de la conversación para resolver cualquier conflicto), por lo que en caso de vulneración el guardador debería actuar con todas las herramientas a su alcance para defenderlo.

La administración vulnera derechos, las entidades que ejercen la guarda lo pasan por alto a cambio de mantener los contratos, en muchas ocasiones los equipos educativos o no tienen los conocimientos jurídicos necesarios, la implicación profesional suficiente o no se atreven a enfrentarse con el sistema por comodidad o miedo a perder su empleo (precario muchas veces a consecuencia de esa privatización a la baja que hablábamos)... ¿Y los niños?...Perverso sistema.