La errática política de protección de menores en Aragón tiene nuevas víctimas:
El Piso Tutelado Romareda, centro privado cuyo titular es la Fundación Federico Ozanam, cierra sus puertas y 7 menores van a ser "repartidos" por otros centros y recursos a partir de la semana que viene.
Ayer, la entidad comunicó al equipo educativo y a los menores residentes en el centro el cierre del Piso debido a una decisión administrativa del Servicio Provincial de Atención y Protección a la Infancia de Zaragoza.
Dicha decisión, evidentemente, se toma atendiendo al interés de cada menor, a su situación afectiva y emocional, como estrategia para mejorar los procesos educativos y respondiendo a criterios de planificación y previsión administrativa.
El cierre, y dejando la ironía ya a un lado, conlleva la interrupción de los procesos educativos de los menores, alguno de ellos con más de tres años de permanencia en el mismo y estando varios muy próximos a alcanzar la mayoría de edad y por tanto en momentos críticos del proceso. Así mismo, se provoca la separación del grupo en el que, y con muy buenos resultados, conviven; el cambio del guardador legal y la separación de los menores de los principales referentes adultos, sus educadores que conviven diariamente con ellos y con los que tienen unas relaciones de confianza y con mucha fuerza afectiva y emocional (que tal y como están las cosas en algún que otro centro aragonés es muchísimo).
No existe, a la fecha, ningún informe individualizado de ninguno de los menores que recomiende la salida del centro hacia otro recurso, siendo todos los informes realizados favorables de la evolución del proceso educativo, fruto sin duda del excelente nivel profesional del equipo educativo del Piso Tutelado Romareda, reconocido en todo el ámbito de menores, y las dinámicas educativas y de convivencia que han sabido implantar.
A la hora de adoptar la decisión no sólo no ha prevalecido el interés superior del menor (para los despistados superior significa por encima del resto de intereses: el general, el de la administración y el de la entidad contratada), sino que tampoco se ha ejercido el derecho a ser oído que tienen los niños sin haber sido citados previamente (artículo 13 de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón).
¿Y porqué se realiza? Porque la Administración ha decidido que sobran plazas para menores de 15 a 18 años (programa de autonomía) y necesita más para niños de de 6 a 14 años. Y para ello, seguido del cierre, abre otro en las mismas instalaciones, contratando a la misma entidad y con el mismo personal, pero a costa de perjudicar a 7 chavales.
Por supuesto, es una decisión madurada en el tiempo que se ha avisado con una semana de antelación (me vuelve a salir la ironía) y que, entre otras cosas, va a permitir que se abra un centro para población de 6 a 14 años sin que ni siquiera esté elaborado el proyecto educativo de centro (dado que el actual, orientado a la autonomía, lógicamente no puede ser aplicado tal cual). No olvidemos que hace menos de 2 meses se estaban "recolocando" en el propio piso que ahora cierra a menores provenientes del cierre de la Casa San José, por lo que, que esta decisión responde a una acción planificada desde hace tiempo no será más que otra de las mentiras a las que nos empieza a acostumbrar el Servicio de Menores.
Desear mucha suerte y ánimo y mandar besos muy grandes a los chicos, algunos muy afectados tras enterarse, y a los componentes del equipo educativo (que también lo están pasando mal), que seguro que serán capaces de repetir éxito en la tarea de educar a niños más pequeños igual que lo han hecho hasta ahora con los más mayores
Y mañana seguiremos, que hay otras cuestiones paralelas a este asunto que nos mosquean.
4 comentarios:
APRODEMT tiene soluciones para todo??? me extraña....
aprodemt tiene soluciones para todo?
Para anónimo: No tenemos soluciones para todo, pero basta aplicar la ley y el sentido común para hacer las cosas correctamente: En este caso concreto, se va vaciando el piso progresivamente terminando y cerrando los procesos de los chicos(tiempo máximo 6 meses). Se respetan los derechos de los menores (que debería ser la guía de actuación profesional del servicio de menores)y se liberan esas plazas sin perjudicar a nadie.
Por otro lado, las necesidades no surgen de un día para otro. Si era necesarias crearlas ¿porqué no se dotó presupuestariamente la creación de otro recurso? Ni la crisis ni nada es argumento para no cumplir leyes y en la atención al menor existe lo que se llama prioridad presupuestaria, es decir, que tiene que aprobarse el gasto por encima de cosas como Olimpiadas, Motorland o Gran Scala
Me parece muy acertado el comentario de Foro de Menores en Aragón; y no digamos el artículo.
MJ
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