El País de hoy se hace eco de uno de los principales problemas de los sistemas de protección en España y que ya hemos denunciado anteriormente
Fuente: El País. 16 Diciembre 2009
Abandonan su aldea siendo niños, con el peso de la deuda contraída por sus padres para pagar su viaje y la promesa de enviar dinero a casa. Una vez aquí, descubren que en España, la educación es obligatoria. Como devolver a un chaval a los padres que le han enviado a jugarse la vida en un cayuco resulta difícil, la mayoría se queda -de los 995 expedientes de repatriación de menores del año pasado se llevaron a cabo diez y sólo uno de ellos era subsahariano-. Las comunidades autónomas se convierten en sus tutoras. La administración invierte mucho dinero en acogerles y formarles. Pero cuando cumplen los 18 muchos se convierten en inmigrantes irregulares camino de un expediente de expulsión. ¿La causa? Que las Administraciones incumplen e interpretan de manera arbitraria la ley que les obliga a documentarles mientras son menores. Cumplen 18 sin haber tenido papeles.
"Éste es uno de nuestros caballos de batalla con las autoridades", explica María Luisa Cava de Llano, adjunta primera a la oficina del Defensor del Pueblo. "No es sólo un problema de diversidad de criterios sino de renuncia a asumir lo que con arreglo a la legislación es muy claro. La mayoría de las veces no se tiene claro que sobre la condición de extranjero ha de primar la condición de menor". Para Cava de Llano, la legislación es "inequívoca" y si no se aplica es por "cuestiones de oportunidad o conveniencia".
La fiscalía de sala de menores y la de extranjería se vieron obligadas a enviar un oficio a todos los fiscales de España para que instasen a las comunidades (las tutoras) a que a su vez, instasen a las subdelegaciones del Gobierno (las que conceden las tarjetas de residencia) a documentar a los menores sin esperar si quiera el plazo de nueve meses previsto en el reglamento. Siguen sin hacerlo.
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